Las empresas y la corrupción

Mauricio Macri envió al Congreso un proyecto de ley para sancionar a las personas jurídicas por soborno. Los especialistas aseguran que va en la dirección correcta, pero lo ven insuficiente para terminar con este flagelo estructural.

No hay refrán más argento como el que reza que para bailar un tango se necesitan dos. Los argentinos nos desayunamos cada día con algún escándalo o denuncia que muestra la magnitud de la corrupción kirchnerista. Pero, como dice el dicho, si hubo un funcionario que cobró coima, hubo un empresario o empresa que la pagó. La corrupción, como la pobreza, también tiene el triste privilegio de ser estructural en el país. Esto quiere decir, ni más ni menos, que durante muchos años algunos políticos, empresarios, jueces, abogados y gremialistas comieron del mismo plato, arrasándolo todo.
Héctor Méndez, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), admitió apenas cambió el color del Gobierno que los empresarios sabían de la corrupción durante la gestión anterior pero que hubo «un pacto respetuoso de silencio». El pacto parece mantenerse porque sobre el tema nadie volvió a decir ni mu. La idea de terminar en una crisis estructural similar a la de Brasil no le hace gracia a nadie. Mucho menos al macrismo. Pero no existen grandes diferencias entre ambos sistemas, más allá de que el gobierno de Dilma Rousseff fue destituido por participar de ese festival del robo. Ni el país más grande del Mercosur ni la Argentina hicieron los cambios institucionales clave para impedir, o al menos prevenir, que se generen actos indiscriminados de cohecho.
Ahora el gobierno de Mauricio Macri dio un primer paso. Acaba de presentar un proyecto de ley en el Congreso para que la corrupción no sea tratada como un hecho individual sino como un entramado integrado por varios actores. Y apunta a juzgar la responsabilidad penal de las empresas, las asociaciones civiles, mutuales y cooperativas en casos de soborno transnacional y también en casos domésticos de corrupción.
La Ley de Régimen de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, elaborada por la Oficina Anticorrupción (OA), consta de 38 artículos que definen a las personas jurídicas, sus responsabilidades, las irregularidades por las que podrían ser citados y las sanciones que les corresponderían. Entre ellas, penales, multas económicas, la imposibilidad de licitar con el Estado y la suspensión permanente de la personería legal. Hasta ahora, el sistema jurídico argentino sólo prevé que las personas físicas (el empresario o el funcionario) puedan ser sancionadas o penadas por cometer delitos de corrupción. En rigor, más que la sanción en sí, la intención es que la norma funcione como método de prevención e incentive nuevas prácticas de control en las empresas.
Según explica la titular de la OA, Laura Alonso, el principal objetivo de la ley «es prevenir la corrupción a través de la implementación de programas de integridad y fomentar la colaboración del sector privado con el sector público en la investigación de la corrupción».
No es todo. También existen intereses económicos porque con esta ley se estaría cumpliendo con las demandas de la OCDE para que la Argentina se sume como miembro. «Queremos que las empresas salgan a competir al mundo con los mejores estándares de transparencia», insiste Alonso.
La iniciativa ingresó el viernes 21 de octubre a la Cámara de Diputados como una señal del Presidente ante la misión de la OCDE que llegó al país el martes 25 para hacer una revisión de las medidas tomadas por el Gobierno en la lucha contra la corrupción. En 2014, la Argentina había sido duramente cuestionada por no gozar de independencia judicial y mostrar inacción. La sanción de esta ley es una deuda pendiente.
La Argentina es el único de los 41 países que ratificó la Convención de la OCDE, ocurrida en el año 2000, que no adoptó un régimen de sanciones a las empresas que sobornan funcionarios públicos en el exterior. Es por eso que Macri dio la orden de acelerar el proceso y, en ese sentido, el proyecto de ley que se envió al Parlamento cumple los requerimientos mínimos de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo del organismo. Con esta norma, la Argentina se pondría a tono con otros países de la región y el mundo, como Chile, Colombia, España, los Estados Unidos y Francia, entre otros.
Más allá de honrar los tratados internacionales, y siguiendo una tendencia mundial, el Presidente tuvo el buen tino de sumar un capítulo para sancionar a las personas jurídicas que cometen delitos en el país.
Es que si de corrupción se trata, el soborno de empresarios argentinos en el exterior no es el principal conflicto a resolver.
«Nosotros no tenemos compañías que hagan inversiones en el extranjero, salvo algunas multinacionales como Techint. El problema de nuestro país es que somos víctimas de la corrupción de nuestros propios empresarios y de los empresarios que vienen de otros países», explica Natalia Volosin, abogada, magister y candidata al doctorado en Derecho por la Universidad de Yale.
La pregunta clave es si el cumplimiento de la Convención para combatir el Cohecho Internacional y el capítulo contra el soborno doméstico ayudará a combatir la corrupción local. ¿Alcanzan las sanciones o los programas de prevención para desentrañar la maquinaria de la corrupción estructural en el país, que tiene mecanismo aceitados y años de experiencia?
Debate en el aire
Los especialistas consultados elogian el proyecto. Consideran que tiene carácter preventivo, y afirman que convertirá al sector privado en un aliado del Estado para evitar hechos de corrupción. Pero también coinciden en que es insuficiente para dar pelea a la mugre que está arraigada institucionalmente en la Argentina.
Volosin reconoce que la iniciativa es fundamental para que las empresas comiencen a hacer control de la corrupción.
«A partir de esta norma, las personas jurídicas buscarán evitar las sanciones previstas e implementarán programas de prevención a nivel interno. Hoy sólo tienen programas de prevención de fraude, que funcionan muy mal», dijo Volosin.
Una ley necesaria e insuficiente
Natalia Volosin, abogada, magister y candidata al doctorado en Derecho por la Universidad de Yale reconoce que en la Argentina hay empresas que tienen programas a nivel interno de prevención de fraude, pero que también dice que estos funcionan muy mal.
Por eso asegura que la iniciativa que Macri envió al Congreso es fundamental para que las empresas comiencen a hacer control de la corrupción. Como ejemplo cita a los Estados Unidos: «Si una firma se presenta voluntariamente al Departamento de Justicia ante un hecho de corrupción que involucra a uno de sus ejecutivos, y demuestra que hizo todo lo posible para prevenirlo, es probable que se logre una reducción de pena o no la multen».
Leandro Dores, socio de la práctica de Fraud Investigación and Forensic Services de EY, considera también que el proyecto es una iniciativa superadora de la situación actual, necesaria aunque no suficiente en la prevención y sanción de malas prácticas empresarias.
«Seguramente, en el tratamiento parlamentario, deberá ponerse especial atención a cuestiones establecidas en otras legislaciones similares ya vigentes, como por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero del gobierno de Estados Unidos (FCPA) que contiene mayor nivel de precisión en general y detalle en conceptos como la transparencia en los registros contables con el fin de evitar ocultar pagos indebidos, responsabilidades específicas y sanciones sobre el oficial de cumplimiento», agrega el especialista de EY.
En la misma línea se expresa Emilio Cornejo Costas, del estudio Lisicki Litvin y Asoc.
«La ley es un avance, pero no es suficiente. El verdadero objetivo del proyecto no pasa por castigar con sanciones penales a las empresas, sino incentivarlas a la implementación de programas para la prevención de conductas delictivas. Es por eso que resulta sumamente importante forzar a las firmas a implementar programas de integridad y aplicar una política de control de dichos estándares», afirma.
También reconoce que el tiempo que insume a la justicia la investigación de los delitos conspira contra el proyecto. «Cuando la justicia arribe a una sentencia (10 ó 15 años después), en muchos casos la sanción recaerá sobre una empresa totalmente inocente, pues cambió de accionistas, de directivos e incluso toda su integración», remarca.
El debate ya está en el aire, aunque el tratamiento de la norma en el Congreso recién comenzará el año próximo.
Fuente: El Cronista.

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